Compliance · Datos personales

Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719): Lo Que Toda Empresa en Chile Debe Saber

Qué exige la nueva Ley de Protección de Datos, a quién aplica y qué debe hacer tu empresa. Actualizado con el proyecto que posterga la vigencia a octubre de 2027, ya aprobado por el Senado.

Por Equipo Cercai
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Actualizado oct 2026
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9 min de lectura

La Ley 21.719 de Protección de Datos Personales entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Si tu empresa trata datos de clientes, empleados o proveedores y aún no ha tomado medidas, el reloj corre en tu contra. Las multas pueden llegar hasta los $1.400 millones de pesos chilenos.

Actualización, 9 de noviembre de 2026: el Senado aprobó el proyecto que posterga la vigencia de la ley al 15 de octubre de 2027, y ahora lo revisa la Cámara de Diputados. Sigue siendo un proyecto, no una ley: la fecha vigente es el 1 de diciembre de 2026 y las obligaciones no cambian. Estado del proyecto y qué cambia para tu empresa.

El 1 de diciembre de 2026, Chile dará un salto histórico en materia de protección de datos personales. La Ley 21.719 moderniza por completo el marco regulatorio chileno, elevándolo a estándares comparables con el GDPR europeo. Se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un órgano autónomo con facultades fiscalizadoras y sancionadoras reales, algo que hasta ahora no existía en el país.

Esto no es un cambio menor. Por primera vez, las empresas en Chile enfrentarán consecuencias económicas serias por el mal manejo de datos personales. En esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber para prepararte a tiempo y evitar sanciones que pueden poner en riesgo la continuidad de tu negocio.

Resumen de la Ley 21.719 en 7 puntos

  • Qué es: la ley que moderniza la protección de datos personales en Chile y reemplaza el marco de la Ley 19.628 de 1999. Se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024.
  • Cuándo entra en vigencia: el 1 de diciembre de 2026. El Senado aprobó moverla al 15 de octubre de 2027, pero falta la Cámara de Diputados y todavía no es ley.
  • A quién aplica: a toda organización que trate datos personales de personas en Chile, sin importar su tamaño ni su rubro.
  • Qué derechos da: acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos (derechos ARCOP).
  • Quién fiscaliza: la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, con facultades para investigar y sancionar.
  • Cuánto arriesgas: multas de hasta 20.000 UTM, alrededor de $1.398 millones de pesos, en las infracciones gravísimas.
  • Qué hacer primero: saber qué datos personales trata tu empresa y dónde están, ordenar las políticas de privacidad y consentimiento, y reforzar la seguridad.

Texto oficial: puedes leer y descargar en PDF el texto completo de la Ley 21.719 en la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Qué es la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales

La Ley 21.719 fue publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024. Modifica sustancialmente la antigua Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que estaba vigente desde 1999 y era considerada obsoleta e insuficiente para el contexto digital actual.

La nueva normativa establece un marco completo y moderno que incluye tres pilares fundamentales:

  1. Derechos ARCOP para los titulares de datos: Acceso (saber qué datos tuyos tiene una empresa), Rectificación (corregir datos inexactos), Cancelación (solicitar la eliminación de tus datos), Oposición (negarte a que se traten tus datos en ciertos casos) y Portabilidad (obtener una copia de tus datos en formato electrónico estructurado para llevarlos a otro proveedor).
  2. Bases de licitud para el tratamiento de datos: Las empresas ya no podrán tratar datos personales “porque sí”. Necesitarán una base legal válida: consentimiento explícito del titular, ejecución de un contrato, obligación legal, interés vital, interés público o interés legítimo del responsable.
  3. Agencia de Protección de Datos Personales: Un órgano autónomo, vinculado al Ministerio de Economía, con facultades para fiscalizar, investigar, interpretar la ley e imponer sanciones. Será el equivalente chileno de las autoridades de protección de datos europeas.

Además, la ley crea el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, donde se inscribirán tanto los responsables sancionados como aquellas organizaciones que hayan adoptado modelos de prevención de infracciones, un incentivo directo para quienes se adelanten al cumplimiento.

Ley 19.628 vs Ley 21.719: qué cambia

La Ley 19.628 sigue siendo la norma de datos vigente hasta que entre a regir la 21.719. Estas son las diferencias que más pesan para una empresa:

TemaLey 19.628Ley 21.719
Quién fiscalizaNadie; reclamos a tribunalesAgencia de Protección de Datos
Multas máximas1 a 50 UTMHasta 20.000 UTM
Base legalConsentimiento o ley, con muchas excepcionesBases de licitud definidas en la ley
Reportar brechasNo se exigeObligatorio
PortabilidadNo existeDerecho nuevo

A quién aplica la Ley 21.719

La respuesta corta: a prácticamente toda empresa que opere en Chile.

Si tu empresa recopila, almacena o utiliza datos personales de cualquier tipo, esta ley te aplica. No importa si eres una pyme con 5 empleados o una corporación con miles de clientes. Estos son algunos ejemplos concretos:

  • Tienes una base de datos de clientes con nombres, emails o teléfonos.
  • Envías campañas de email marketing o mensajes por WhatsApp.
  • Gestionas datos de empleados (contratos, sueldos, datos de salud).
  • Operas un e-commerce que registra datos de compra y despacho.
  • Usas herramientas de analytics que rastrean comportamiento de usuarios.
  • Tienes cámaras de seguridad que graban a personas.
  • Manejas fichas clínicas, expedientes legales o datos financieros de terceros.

Si alguno de estos casos describe tu operación, la Ley 21.719 te aplica directamente. Y si tratas datos sensibles (salud, origen étnico, orientación sexual, datos biométricos, información financiera), las obligaciones son aún más estrictas.

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Obligaciones principales para las empresas

La ley introduce un conjunto de obligaciones que toda organización deberá cumplir antes del 1 de diciembre de 2026. Estas son las más relevantes:

Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)

Cada empresa deberá mantener un registro documentado y actualizado de todas las actividades de tratamiento de datos que realiza. Este registro debe incluir: qué datos se recopilan, con qué finalidad, cuál es la base de licitud, quiénes tienen acceso, a quiénes se transfieren y cuáles son los plazos de conservación. Piensa en el RAT como el “inventario” completo de todos los datos personales que maneja tu organización.

Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos (EIPD)

Cuando el tratamiento de datos represente un riesgo alto para los derechos de las personas, la empresa deberá realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos antes de iniciar ese tratamiento. Esto aplica especialmente cuando se procesan datos sensibles a gran escala, se implementan sistemas de decisión automatizada, o se realizan perfilados sistemáticos de individuos.

Notificación de brechas de seguridad

Si ocurre una filtración, hackeo o acceso no autorizado a datos personales, la empresa deberá notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales sin dilaciones indebidas desde que toma conocimiento del incidente. La ley no fija un número de horas: el plazo de 72 horas viene de otras normas, como la Ley de Ciberseguridad. Además, si la brecha representa un riesgo alto para los titulares afectados, también deberá notificarlos directamente. No basta con “solucionar el problema internamente” y seguir adelante.

Delegado de Protección de Datos (DPO)

La designación de un Delegado de Protección de Datos es obligatoria para organismos públicos y para empresas privadas que traten datos a gran escala o que manejen datos sensibles como parte central de su actividad. El DPO actúa como enlace entre la organización y la Agencia, supervisa los procesos internos de tratamiento y asesora sobre la correcta aplicación de la ley. Incluso si no estás obligado a tener uno, contar con esta figura puede reducir significativamente tu riesgo regulatorio.

Políticas de privacidad actualizadas

Las típicas políticas de privacidad genéricas copiadas de internet ya no sirven. La ley exige que las empresas informen de manera clara, precisa y accesible sobre: la identidad del responsable, los datos que recopilan, las finalidades del tratamiento, las bases de licitud, los derechos ARCOP del titular y cómo ejercerlos, los plazos de conservación y si se realizan transferencias internacionales de datos.

Consentimiento explícito e informado

Cuando la base de licitud sea el consentimiento, este debe ser libre, informado, específico e inequívoco. Nada de casillas pre-marcadas, textos escondidos en términos y condiciones interminables, ni consentimientos “generales” que cubran todo. El titular debe saber exactamente para qué autoriza el uso de sus datos, y debe poder retirar ese consentimiento en cualquier momento con la misma facilidad con que lo otorgó.

Sanciones: cuánto puede costar el incumplimiento

Aquí es donde la Ley 21.719 muestra su verdadero impacto. A diferencia de la normativa anterior, que carecía de un régimen sancionatorio efectivo, la nueva ley establece tres niveles de infracciones con multas significativas:

Infracciones leves: hasta 5.000 UTM (~$349 millones CLP)

Se consideran leves infracciones como: no informar adecuadamente al titular sobre el tratamiento de sus datos, no tener actualizada la política de privacidad, o no responder a tiempo las solicitudes de ejercicio de derechos ARCOP. Pueden sancionarse con amonestación por escrito o multa.

Infracciones graves: hasta 10.000 UTM (~$699 millones CLP)

Incluyen tratar datos personales sin una base de licitud válida, no notificar brechas de seguridad a la Agencia, realizar transferencias internacionales de datos sin cumplir los requisitos legales, u obstaculizar las labores de fiscalización de la Agencia. También se incluyen las vulneraciones de medidas de seguridad cuando se deriven de negligencia.

Infracciones gravísimas: hasta 20.000 UTM (~$1.398 millones CLP)

Las más severas abarcan el tratamiento fraudulento de datos, la entrega de información falsa a la Agencia, o reincidir en infracciones graves. En casos de reincidencia, las multas pueden triplicarse hasta 60.000 UTM.

Para empresas que no califican como pymes, existe una cláusula adicional: en infracciones graves y gravísimas con reincidencia, la multa puede alcanzar el 2% o 4% de la facturación anual de la empresa, respectivamente, si ese monto resulta mayor que la multa fija en UTM. Un porcentaje que recuerda directamente al GDPR europeo.

Dato importante para pymes: durante el primer año de vigencia, la Agencia puede aplicar una amonestación por escrito en vez de multa a las empresas de menor tamaño. Es una facultad de la Agencia, no un derecho de la empresa, y la amonestación queda inscrita en el registro público de sanciones. Tampoco significa que puedas ignorar la ley: la Agencia puede fiscalizar desde el primer día.

Hasta $349M

Infracciones leves · 5.000 UTM

Hasta $699M

Infracciones graves · 10.000 UTM

Hasta $1.398M

Infracciones gravísimas · 20.000 UTM

Cómo preparar tu empresa antes de diciembre 2026

La buena noticia es que todavía tienes tiempo para prepararte. La mala noticia es que ese tiempo se está acabando. Implementar un programa de cumplimiento serio no se hace en dos semanas. Este es un checklist práctico para empezar hoy:

1. Realiza una auditoría de datos personales

Antes de cumplir con la ley, necesitas saber exactamente qué datos tienes. Mapea todos los flujos de datos personales de tu organización: qué datos recopilas, dónde se almacenan, quién tiene acceso, para qué se usan y si se comparten con terceros. No puedes proteger lo que no conoces.

2. Construye tu Registro de Actividades de Tratamiento

Con la auditoría como base, documenta cada actividad de tratamiento en un registro formal. Incluye la finalidad, la base de licitud, las categorías de datos, los destinatarios, los plazos de conservación y las medidas de seguridad aplicadas. Este registro es obligatorio y la Agencia puede solicitarlo en cualquier momento.

3. Actualiza tus políticas de privacidad y consentimiento

Revisa y reescribe tus políticas de privacidad para que cumplan con los requisitos de la ley. Implementa mecanismos de consentimiento que sean claros, específicos y fácilmente revocables. Revisa también los formularios de tu sitio web, las landing pages y cualquier punto donde recojas datos.

4. Implementa medidas de seguridad técnicas y organizativas

Asegúrate de que los datos personales estén protegidos con cifrado, controles de acceso, respaldos regulares y protocolos de respuesta a incidentes. Documenta todo: la Agencia evaluará no solo si ocurrió una brecha, sino si la empresa tenía medidas razonables implementadas para prevenirla.

5. Capacita a tu equipo

El eslabón más débil en protección de datos siempre es el factor humano. Todos los colaboradores que manejan datos personales deben entender sus obligaciones bajo la nueva ley. Realiza capacitaciones periódicas y establece protocolos claros para situaciones comunes: cómo responder a una solicitud de acceso, qué hacer ante una brecha, cómo obtener consentimiento válido.

6. Evalúa si necesitas un Delegado de Protección de Datos

Si tu empresa trata datos sensibles, opera en sectores como salud, finanzas o educación, o maneja grandes volúmenes de datos personales, probablemente necesites designar un DPO. Incluso si no es obligatorio para tu caso, tener un responsable interno o externo de protección de datos puede ser la diferencia entre cumplimiento proactivo y una multa millonaria.

7. Adopta un modelo de prevención de infracciones

La ley contempla que las empresas que adopten voluntariamente modelos certificados de prevención de infracciones pueden beneficiarse de atenuantes en caso de sanción, e inscribirse en el Registro Nacional de Cumplimiento. Es una forma concreta de demostrar buena fe ante la Agencia y reducir tu exposición al riesgo.

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No esperes a diciembre: actúa ahora

La Ley 21.719 no es una amenaza: es una oportunidad para modernizar la forma en que tu empresa maneja los datos de sus clientes, empleados y socios comerciales. Las empresas que se adelanten al cumplimiento no solo evitarán multas, sino que construirán una ventaja competitiva basada en la confianza.

Pero la ventana se cierra. Implementar un programa de cumplimiento completo puede tomar entre 3 y 6 meses dependiendo del tamaño y complejidad de tu organización. Si empiezas hoy, llegas con margen. Si esperas a septiembre, ya será tarde para hacerlo bien.

Si lo que necesitas ahora es el detalle operativo, el checklist paso a paso para implementar la Ley 21.719 ordena las etapas en el orden en que conviene ejecutarlas, partiendo por el inventario de datos.


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Preguntas frecuentes sobre la Ley 21.719

¿Qué dice la Ley 21.719 sobre la protección de datos personales?

Establece que toda organización que trate datos personales debe hacerlo con una base legal válida (principalmente el consentimiento explícito e informado de la persona) y con obligaciones concretas de transparencia, seguridad y rendición de cuentas. En la práctica obliga a la empresa a saber qué datos tiene, por qué los tiene, dónde están, quién accede a ellos y qué hace si se filtran. Crea además una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades fiscalizadoras y sancionatorias.

¿Desde cuándo rige la Ley 21.719 en Chile?

Desde el 1 de diciembre de 2026. Esa es la fecha en que las obligaciones se vuelven exigibles y en que la Agencia puede empezar a fiscalizar y sancionar. No hay un período de gracia posterior: las empresas deben llegar preparadas a esa fecha, no empezar a prepararse en ella.

¿A qué empresas aplica la Ley 21.719?

A toda organización que trate datos personales de personas en Chile, sin importar su tamaño ni su rubro. No hay un umbral de facturación ni de número de trabajadores que exima del cumplimiento. Una pyme con una base de clientes en una planilla está dentro del alcance igual que un banco. Lo que sí cambia según el tamaño es la proporcionalidad de las medidas exigidas y el tope de las multas.

¿Cuáles son las multas por incumplir la Ley 21.719?

Las sanciones se ordenan en tres niveles: infracciones leves hasta 5.000 UTM (alrededor de $349 millones de pesos), graves hasta 10.000 UTM (alrededor de $699 millones) y gravísimas hasta 20.000 UTM (alrededor de $1.398 millones). Para empresas que no califican como pymes existe una regla adicional: en infracciones graves y gravísimas con reincidencia, la multa puede llegar al 2% o 4% de la facturación anual respectivamente, si ese monto supera la multa fija en UTM.

¿Qué diferencia hay entre la Ley 21.719 y la Ley 19.628?

La Ley 19.628, vigente desde 1999, regulaba la protección de la vida privada en un contexto anterior a la economía digital y carecía de un organismo fiscalizador con dientes. La Ley 21.719 la moderniza sustancialmente: incorpora estándares alineados con la normativa europea, crea la Agencia de Protección de Datos Personales, define un régimen de sanciones económicas significativas y establece obligaciones activas de gestión (registro de actividades de tratamiento, evaluaciones de impacto, notificación de brechas) que antes no existían.

¿Qué debe hacer mi empresa para cumplir la Ley 21.719?

El camino práctico tiene seis pasos: auditar qué datos personales se están tratando hoy y dónde viven; construir el Registro de Actividades de Tratamiento; actualizar las políticas de privacidad y los mecanismos de consentimiento; implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas; capacitar al equipo que manipula datos; y evaluar si corresponde designar un Delegado de Protección de Datos. Cada uno de esos pasos está desarrollado más arriba en este artículo.

¿Toda empresa necesita un Delegado de Protección de Datos?

No. La designación de un Delegado de Protección de Datos es obligatoria cuando el tratamiento de datos es masivo, sistemático o involucra datos sensibles: salud, biometría, situación socioeconómica, entre otros. Muchas pymes no caen en esos supuestos, pero igualmente deben cumplir el resto de las obligaciones. La evaluación de si corresponde o no designarlo es en sí misma parte del trabajo de cumplimiento y conviene dejarla documentada.

¿Conviene adelantarse al plazo de diciembre de 2026?

Sí, por dos razones. La primera es operativa: una auditoría de datos y la construcción del registro de tratamiento toman meses en una empresa mediana, y hacerlo contra el reloj sale más caro y peor. La segunda es que la ley contempla que las organizaciones que adopten voluntariamente modelos certificados de prevención de infracciones pueden acceder a atenuantes en caso de sanción e inscribirse en el Registro Nacional de Cumplimiento. Adelantarse no solo evita multas: construye una posición defendible frente a la Agencia.

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